En el Pleno municipal del pasado martes, el equipo de gobierno de la localidad -formado por el Partido Popular, Independientes por Laguna y Vox- rechazó una moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida-Podemos para llevar a cabo las diferentes actuaciones establecidas en la normativa vigente, habiendo finalizado el plazo hace más de un año.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados por una economía circular, conocida como la Ley de Residuos, establece en su disposición adicional decimocuarto que los ayuntamientos deben elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos -públicos y privados- con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Esta legislación nacional daba un plazo de un año para hacer público dicho calendario y remitirlo a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de cada comunidad autónoma. Sin embargo, según denuncia el grupo municipal Izquierda Unida-Podemos, a día de hoy el Ayuntamiento de Laguna de Duero sigue sin haber realizado estos dos proyectos, los cuales considera que son claves en un municipio donde, afirman, “el desamiantado es una asignatura pendiente” y “queda mucho por hacer para proteger el medio ambiente y la salud de las personas”.
En palabras de Eva Diez, portavoz de IU-Podemos Laguna de Duero, el equipo de gobierno de la localidad es “plenamente consciente” de su incumplimiento de la legislación y “no tiene la menor intención, como es habitual, de asumir sus obligaciones como gobierno local, aunque esto suponga un perjuicio para los vecinos y vecinas de Laguna de Duero”.
IU-Podemos apunta que el Procurador del Común de Castilla y León se dirigió al Ayuntamiento en un escrito con fecha 12 de abril de 2023, al finalizar el plazo establecido en la Ley de Residuos para la realización del censo y calendario de retirada del amianto presente en el municipio, para conocer “el grado de cumplimiento” de esta legislación y “las medidas adoptadas” para ello.
El escueto informe técnico de menos de una página que envió la administración local en respuesta a este requerimiento, fechado 26 de abril de 2023, es el único informe que el Ayuntamiento ha elaborado en relación al cumplimiento de la disposición adicional decimocuarto de la Ley de Residuos. Dicho informe señala que “no se ha realizado un inventario oficial de instalaciones que contienen fibrocemento”. Más abajo se enumeran cinco instalaciones municipales en las que ha sido identificado este material. Para IU-Podemos, dicho listado no se puede considerar un censo de las instalaciones y emplazamientos con amianto en los términos descritos en la legislación porque, aparte de faltar algunas de las instalaciones municipales que se conoce que contienen amianto, no figuran las instalaciones y emplazamientos privados con amianto, los cuales también deben ser censados.
El mismo informe indica que “en cuanto al calendario para su retirada, no se ha establecido ninguno” y a continuación figura una tabla con los detalles de cuatro proyectos de sustitución de tuberías realizados en años anteriores.
Aseguran desde IU-Podemos que el Ayuntamiento no ha obtenido respuesta del Procurador del Común a este informe. “Que aún no se haya recibido una contestación no es indicio de que el Procurador del Común esté conforme las actuaciones del equipo de gobierno,” ha matizado Diez.
Sobre el bloqueo del equipo de gobierno en el último Pleno a la moción de IU-Podemos solicitando el cumplimiento de esta legislación, Diez ha afirmado: “En el Pleno del pasado martes, la señora teniente de alcalde Lucía Castro repitió varias veces que con la información de ese informe técnico el Ayuntamiento da por cerrado el tema. No por esperado fue menos decepcionante. Dice que hay un censo cuando lo que hay es una lista incompleta de cinco instalaciones contadas, y que hay un calendario de previsión cuando lo que hay en realidad es una tabla de cuatro proyectos realizados hace años.”
“La falta de rigor y cumplimiento de la normativa de este equipo de gobierno es preocupante, ya que supone un verdadero peligro para los laguneros y laguneras,” ha añadido Diez. “Cumplir con todas las fases de este proceso nacional de desamiantado no es una cuestión de marcar casillas. Es una cuestión de salud pública y debe ser una prioridad para el gobierno municipal. Pedimos seriedad.”
TLP - Diputacion de Valladolid 