El diputado del Grupo Provincial IU-TLP, Julio Pereda, pide en el pleno de octubre un mayor compromiso con la causa saharaui, proponiendo medidas de diversa índole, como el incremento de la partida presupuestaria de 10.000 euros que la Diputación de Valladolid destina a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui a través de una subvención nominativa para ayudar a financiar el programa “Vacaciones en Paz”, un aumento cuyo fin sería ampliar el número de niñas y niños saharauis beneficiarios, así como el de familias de acogida. Igualmente, Pereda propone crear una campaña de concienciación por la provincia, con proyecciones de documentales, exposiciones y charlas para dar a conocer la situación que vive el pueblo saharaui.
Se cumplen 50 años del abandono de España al Sáhara Occidental, la que hasta ese momento era la provincia 53 de nuestro país. Una salida del territorio que fue aprovechada por Marruecos para invadir el Sahara Occidental, sembrando el terror entre la población, que fue obligada a abandonar sus pueblos y ciudades y huir a los campamentos de refugiados en los que aún malviven cinco décadas después. En 1975, el Sahara se encontraba en pleno proceso de descolonización y pendiente de la celebración de un referéndum de autodeterminación. España era la fuerza colonizadora responsable de garantizar que el pueblo saharaui pudiera decidir su futuro, una responsabilidad que a día de hoy sigue vigente, según las resoluciones de Naciones Unidas.
Por este motivo, IU-TLP también propondrá al pleno reafirmar el compromiso de la Diputación de Valladolid con el pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación, exigiendo al Gobierno de España una política exterior alineada con dichos principios y el derecho internacional. Igualmente, pide un acuerdo de apoyo a la proposición de ley que está tramitándose en el Congreso de los Diputados y que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas saharauis nacidas antes de 1976, devolviendo así la nacionalidad que les fue robada.
Pereda hace hincapié en la situación de guerra que vive el Sáhara Occidental desde noviembre del 2020, cuando el ejército marroquí rompió el alto el fuego que estaba vigente desde 1991. Desde entonces la población saharaui suma a su precaria situación las letales consecuencias del conflicto armado. “Esta es una guerra silenciada”, denuncia el portavoz de IU-TLP, “un conflicto bélico que apenas tiene repercusión mediática fuera del Sáhara, pero que está costando vidas en ambos bandos, en especial en el saharaui, puesto que Marruecos cuenta con moderno armamento de tecnología israelí”.
El pueblo saharaui necesita poder ser dueño de su destino, y además de solidaridad y ayuda humanitaria, España debe tomar una postura política que permita a los y las saharauis salir del exilio cautivo en el que han quedado atrapados.
