El Grupo Provincial IU-TLP en la Diputación de Valladolid ha registrado una proposición para su debate en el pleno ordinario de este mes en la que solicita la paralización de los proyectos de macroplantas de biogás en la provincia y la aprobación de una regulación específica que ordene el sector con criterios ambientales, sociales y de salud pública.
La iniciativa, defendida por el diputado Julio Pereda, insta a la Junta de Castilla y León a suspender la tramitación de todos los proyectos de macroplantas de biogás en la provincia de Valladolid hasta que se apruebe un Plan Regional de Biogás que cuente con participación ciudadana y establezca una regulación estricta sobre su implantación y funcionamiento.
La proposición parte del contexto del Plan REPowerEU impulsado por la Comisión Europea en 2022, cuyo objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles y afrontar la crisis climática. En el marco de este plan se han proyectado cerca de un centenar de plantas de biogás en Castilla y León, muchas de ellas incentivadas por importantes subvenciones. En la provincia de Valladolid, municipios como Olmedo, Montemayor de Pililla, Melgar de Abajo, Hornillos de Eresma o Pedrosa del Rey se encuentran actualmente afectados o amenazados por estos macroproyectos.
Desde IU-TLP se defiende la transición energética y la valorización de residuos como elementos positivos en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el grupo provincial rechaza el modelo de implantación que se está promoviendo en Castilla y León, al considerar que responde a una lógica agroindustrial intensiva y a intereses económicos de grandes corporaciones, en lugar de apostar por un modelo sostenible y adaptado a las características del medio rural.
La moción señala que cada una de estas instalaciones implica un fuerte impacto territorial y logístico, con el tránsito diario de en torno a un centenar de camiones cargados de residuos por carreteras y travesías de los municipios. Este modelo, según se argumenta, resulta ambientalmente incoherente al transportar grandes cantidades de materia orgánica a largas distancias, lo que incrementa el consumo energético, eleva el riesgo de accidentes y acelera el deterioro de las infraestructuras públicas.
Asimismo, se advierte de los riesgos para la salud y la calidad de vida de vecinos y vecinas. El proceso de digestión anaeróbica genera emisiones de metano, amoniaco y compuestos orgánicos volátiles potencialmente tóxicos, además de provocar olores persistentes y ruidos continuos. También se alerta del riesgo de contaminación de ríos y acuíferos por posibles filtraciones, así como de la degradación de suelos por el uso de digestato con altas concentraciones de nitratos.
El Grupo Provincial IU-TLP también cuestiona el escaso valor añadido que estas macroplantas aportarían al territorio, al tratarse de instalaciones altamente automatizadas que apenas generan empleo local. Según se expone en la proposición, su implantación puede provocar la devaluación de viviendas, perjudicar al sector turístico y afectar negativamente al prestigio de los productos agroalimentarios de calidad de la provincia. A ello se suma el elevado consumo de agua, que en algunos casos supera los 3.500 metros cúbicos anuales, generando posibles situaciones de insuficiencia hídrica en los municipios afectados.
Frente a esta situación, la iniciativa plantea un modelo alternativo basado en la economía circular y de proximidad, con plantas de dimensiones ajustadas a los residuos generados en la zona y destinadas preferentemente al autoconsumo de las propias explotaciones ganaderas, siguiendo ejemplos ya implantados en otros países europeos.
La proposición incluye cuatro acuerdos concretos: instar a la Junta de Castilla y León a paralizar la tramitación de las macroplantas hasta la aprobación del Plan Regional de Biogás; garantizar la transparencia y el acceso completo a los proyectos para facilitar la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía y los ayuntamientos; instar a los consistorios de la provincia a utilizar sus instrumentos urbanísticos y ambientales para priorizar modelos de autoconsumo y frenar macroplantas industriales; y manifestar el apoyo de la Diputación a las plataformas vecinales y municipios que se oponen a modelos de gestión de residuos considerados perjudiciales para la habitabilidad del medio rural.
Con esta iniciativa, el Grupo Provincial IU-TLP pretende abrir un debate institucional sobre el modelo energético y de gestión de residuos que se quiere para la provincia de Valladolid, situando en el centro la salud, la sostenibilidad y el futuro del medio rural.
TLP - Diputacion de Valladolid 