El portavoz del Grupo Provincial IU-TLP, Julio Pereda Alquegui, ha registrado una proposición para su debate en el próximo Pleno de la Diputación de Valladolid, previsto para el viernes 27 de marzo. La iniciativa solicita el inicio de un proceso de negociación con el Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de firmar un nuevo convenio para la gestión de incendios en los 36 municipios del alfoz, retomando la línea de colaboración que existió de forma ininterrumpida durante más de veinte años hasta su ruptura en 2020.

Desde la formación política se señala que, tras cinco años desde la finalización del anterior acuerdo, la situación actual del servicio requiere un análisis profundo y una rectificación basada en la eficiencia de los recursos públicos. El grupo subraya que el modelo actual, basado en un parque de bomberos en una nave cedida en Arroyo de la Encomienda, presenta deficiencias logísticas y operativas significativas en comparación con el sistema anterior.

Entre los datos aportados en la proposición, IU-TLP destaca que el presupuesto de la Diputación destinado a este servicio ha pasado de 5 a 11,5 millones de euros, duplicando prácticamente el gasto sin que ello se traduzca en una mejora de la atención. Asimismo, denuncian un incremento desmedido de las horas extras, que han pasado de menos de 10.000 anuales a más de 55.000, suponiendo un coste de 2,1 millones de euros.

En el aspecto operativo, la formación advierte que la ubicación del parque actual en Arroyo de la Encomienda no dispone de salida directa a la autovía, lo que ha aumentado los tiempos de respuesta, especialmente hacia la zona este de la provincia. Frente a esto, el anterior convenio con el Ayuntamiento de Valladolid permitía contar con dos parques profesionales y una dotación de hasta 25 bomberos por salida, garantizando tiempos de atención de aproximadamente 10 minutos.

IU-TLP considera irracional que existan tres parques de bomberos en un radio de apenas siete kilómetros debido a la falta de entendimiento entre administraciones. Por ello, la proposición no solo insta al equipo de gobierno de la Diputación a retomar el diálogo con el consistorio de la capital, sino que también solicita la mediación de la Junta de Castilla y León. La formación apela a las competencias de coordinación en materia de protección civil y emergencias que corresponden al gobierno autonómico para garantizar que la prestación de este servicio esencial se realice bajo criterios de cordura y racionalidad.