En democracia, un cargo público no puede convertirse en una herramienta para beneficiar el entorno familiar.
Debemos de defender algo tan básico como que las instituciones sean transparentes y que nadie pueda beneficiarse de sus relaciones políticas o familiares
Desde el grupo municipal IU-Podemos, llevamos desde marzo solicitando repetidamente un expediente relacionado con una serie de edificaciones urbanísticas ilegales, de tipología vivienda sin licencia, y a fecha de hoy, el equipo de gobierno sigue sin facilitárnoslo, saltándose así artículo 14 del Reglamento Orgánico Municipal. Curiosamente, estas edificaciones pertenecen a un familiar directo del alcalde de Laguna de Duero.
Este hecho ha salido a la luz tras la denuncia realizada por Ecologistas en Acción, y es preocupante que una actuación de estas características tenga que ser denunciada por una organización externa para que salga a la luz.
Nuestro grupo municipal ha cuestionado en el Pleno del pasado 25 de agosto la falta de transparencia del Gobierno municipal, en concreto la de todos aquellos que, sabiendo que existía una ilegalidad, no han tomado medidas para subsanarla, como la aplicación estricta de la Ley.
Los hechos que exponemos, y que fueron objeto de debate en el Pleno, se sustentan en distintos informes técnicos y oficiales elaborados a lo largo del procedimiento. Estos documentos permiten acreditar la existencia de una serie de actuaciones y circunstancias constatadas por los correspondientes organismos y servicios públicos, que detallamos a continuación por orden cronológico:
- Informe de Ecologistas en Acción, de 8 de mayo de 2025, en el que se ponía en conocimiento la existencia de dos viviendas prefabricadas y del vallado de una parcela situada en suelo rústico.
- Informe de la Policía Local, de 22 de julio de 2025, elaborado tras la queja presentada por la organización ecologista, en el que los agentes se personaron en la zona y constataron la existencia de las construcciones y del vallado señalados en la denuncia.
- Informe del arquitecto municipal, de 16 de septiembre de 2025, en el que se determinaba que las construcciones prefabricadas tenían la consideración de viviendas y que no constaba licencia de obras para su instalación. Asimismo, señalaba que se encontraban ubicadas en suelo rústico protegido y que procedía su retirada. Posteriormente, el arquitecto municipal emitió un nuevo informe en relación con las alegaciones presentadas el 25 de febrero de 2026, en el que rechazaba las mismas y reiteraba la necesidad de retirar las construcciones.
- Informe de la Guardia Civil, de 15 de mayo de 2026, en el que se recoge que los agentes se personaron nuevamente en la zona y constataron que, casi un año después del inicio de las actuaciones, las construcciones continuaban instaladas y no habían sido retiradas.
No puede existir un rasero para el vecino de a pie y otro para quien tenga vínculos familiares con personas relacionadas con el equipo de gobierno.
Ante una situación de estas características, consideramos insuficiente que la respuesta del alcalde se limite a reivindicar su “imparcialidad”, tal y como manifestó en el Pleno. La actuación de la Administración debe regirse por los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia e igualdad de trato, y estos principios deben quedar acreditados también en la forma en la que se tramitan los procedimientos.
Desde Izquierda Unida-Podemos consideramos necesario que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia, facilite toda la información que legalmente pueda ser pública, garantice la correcta y diligente tramitación del expediente y adopte todas aquellas medidas que correspondan conforme a la normativa aplicable.
Asimismo, creemos que, para garantizar la máxima apariencia de imparcialidad y evitar cualquier posible conflicto de intereses, debe valorarse que la instrucción del procedimiento recaiga en una persona que no tenga vinculación política directa con el equipo de gobierno, en lugar de designar como órgano instructor al concejal de Medio Ambiente del propio partido que gobierna.
En definitiva, corresponde ahora al equipo de gobierno y, en particular, al concejal responsable de Urbanismo, demostrar con hechos y mediante la correcta tramitación del expediente que en este Ayuntamiento no existen tratos de favor ni privilegios y que todos los vecinos reciben el mismo trato ante situaciones similares, con independencia de sus relaciones personales o familiares.
