El Grupo Provincial TLP llevará al pleno de la Diputación de Valladolid del próximo 30 de octubre una proposición en defensa de los reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026, que incluyen medidas para proteger a las personas inquilinas, reforzar la estabilidad residencial y combatir la especulación inmobiliaria.
La iniciativa llega después de que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso de los Diputados los anteriores decretos, dejando sin efecto medidas de protección para miles de ciudadanos en un contexto en el que cada vez resulta más difícil acceder a un hogar y mantenerlo.
El portavoz del Grupo Provincial TLP, Julio Pereda, sostiene que “mientras miles de familias hacen cuentas para llegar a fin de mes y pagar el alquiler, PP y Vox votan contra medidas que buscan protegerlas. En el pleno de la Diputación tendrán que explicar si están del lado de los vecinos y vecinas de nuestra provincia o del de los grandes fondos de inversión que hacen negocio a costa de mermar un derecho básico como es el acceso a una vivienda digna”.
Tras el rechazo de los anteriores textos y la convocatoria de elecciones generales, el Gobierno ha aprobado de nuevo las medidas, cuya convalidación se someterá a votación en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 12 de noviembre. TLP defenderá su apoyo a estas iniciativas en el pleno provincial, reclamando protección para las personas arrendatarias y los hogares vulnerables, así como medidas para ampliar el parque público y asequible.
La proposición pone también el foco en la realidad de la provincia de Valladolid, donde las dificultades para encontrar opciones asequibles perjudican especialmente a la juventud y a las familias trabajadoras, y dificultan que nuevas personas se instalen en los pueblos. “No podemos hablar de luchar contra la despoblación si la gente joven no encuentra dónde vivir ni puede construir aquí su proyecto de vida”, señala Pereda.
Por ello, IU-TLP plantea instar a la Junta de Castilla y León a aplicar con rapidez las medidas de su competencia y garantizar que los recursos lleguen a toda la provincia, con especial atención al medio rural. En este sentido, recuerda que en el pasado pleno la Diputación ya aprobó una proposición de TLP para instar a la Junta a invertir en vivienda de protección oficial (VPO) en los municipios rurales. Asimismo, reclama que la institución provincial aumente su inversión en vivienda pública en los pueblos, destinando a este fin los ingresos obtenidos por la enajenación de parcelas en la capital para impulsar nuevas actuaciones y ampliar la oferta asequible.
“La vivienda no puede seguir siendo una fuente de beneficios para unos pocos mientras se convierte en una preocupación permanente para la mayoría. Las instituciones tienen que estar al lado de la gente y garantizar que este derecho sea efectivo también en nuestros pueblos”, concluye Julio Pereda.
